Un informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advirtió que el sistema penitenciario de Salta está colapsado y presentó un habeas corpus colectivo por las condiciones críticas en cárceles y alcaldías. En la última década la población privada de libertad pasó de unos 2.400 en 2014 a 3.994 en 2024, según el documento que recoge monitoreos e investigaciones del organismo.
Los registros muestran una estabilización reciente tras años de aumentos: 2020: 3.776; 2021: 3.893; 2022 y 2023: 3.928; 2024: 3.994. El Comité señala además una concentración marcada de internos en la capital: la Unidad Carcelaria N.º 1 concentra el 42% de las personas privadas de libertad en la provincia y, sumada a la Alcaldía N.º 1 y la Unidad N.º 4 de mujeres, llega al 66% del sistema de la Capital.
El desequilibrio entre plazas disponibles y personas alojadas agrava la crisis: la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario es de 2.777 plazas y la sobrepoblación oficial se ubica en 43,82%; si se considera la “capacidad real” que el Comité fija en 1.579 plazas, la sobrepoblación alcanza un 152,94%, es decir, 2.415 personas por encima del cupo. Entre las unidades con mayores índices de hacinamiento figuran la Alcaldía N.º 1 (112,86%) y su anexo femenino (123,08%).
El informe también subraya un aumento relevante en la población femenina: las mujeres privadas de libertad pasaron de 194 en marzo de 2022 a 243 en diciembre de 2024, un incremento del 24,61%, mientras que la población masculina creció apenas 0,96%. Rodrigo Solá, presidente del Comité, advirtió sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género al análisis y a las respuestas del sistema.
Como respuesta parcial a la presentación del habeas corpus, el Comité consignó avances puntuales: inauguración de consultorios externos en unidades de Villa Las Rosas, habilitación de pabellones de granja para mujeres y propuestas para ampliar infraestructura. El informe sostiene, no obstante, que la sobrepoblación sigue siendo “la primera causa generadora de violaciones de derechos humanos” y reclama medidas urgentes para descomprimir el sistema y garantizar condiciones mínimas de resocialización.
